GOBIERNO VS JUSTICIA

Durante el primer gobierno de Alan García, se acusó – con justicia – al partido de gobierno de pretender copar al Poder Judicial, tarea que se cumplió con creces durante la segunda mitad de los años ochenta.

Pero en esta nueva experiencia de gobierno, la línea es otra: pelearse con los órganos de justicia, nacionales e internacionales. Basta hacer un rápido repaso a la lista de hechos de los últimos días para comprobar que el gobierno viene en un serio conflicto no solo con dichos organismos, sino con lo que representan: el respeto a la legalidad, la Constitución y los derechos fundamentales de las personas.

El primer caso es el de la devolución de los aportes al FONAVI. Como lo comenté la última vez que traté este tema, el gobierno se ha empecinado en buscarle torcer el brazo al Tribunal Constitucional. Lo ha hecho con un abierto apoyo al Jurado Nacional de Elecciones y ahora busca que el Tribunal “consulte” con el Poder Ejecutivo la siguiente sentencia sobre este problema. Consulta que, claro esta, implica que el TC no vuelva a decir que se tienen que devolver los aportes de los trabajadores para un Fondo de Vivienda que se utilizó escasamente para los fines para los que fue creado.

Pregunta: ¿por qué el gobierno sigue buscando tres pies al gato para no cumplir una sentencia que, nos guste o no, tiene que acatarse?

Pero allí no quedan las cosas. La reciente huelga de los trabajadores del Poder Judicial – hecho convertido, por su repetición, en un clásico de la política peruana – ha vuelto a sacar a la luz el añejo conflicto por el presupuesto del Poder Judicial. Luego que no aumentaran la suma destinada para sus actividades y con la huelga ya declarada, se aprobó una norma para entregar un bono a cada trabajador. Como los fondos dependen del Ministerio de Economía y Finanzas, Jorge del Castillo apuesta a la malcriadez como medio para negarle a Francisco Távara cualquier monto con relación a este tema, olvidando que existe una disposición legal que lo obliga a pagar esta suma.

Y claro, esto nos lleva a preguntar, tanto a Del Castillo como a Távara, si es que ambos han leído la sentencia del TC sobre el presupuesto del Poder Judicial, que señala la autonomía de este poder del Estado para elaborar sus propias cuentas y que, además, implica que el PJ tenga metas y objetivos claros en materia de reforma judicial. ¿Pueden decir ambos funcionarios que han cumplido con este deber?

Para culminar, en lo que constituye una más de sus desatinadas declaraciones, Jorge del Castillo insistió en la defensa a ultranza de Francisco Morales Bermúdez. Como dijimos durante el fin de semana, la actitud negativa que tiene el gobierno hacia lo que parece ser una declaración judicial de rutina implica el menosprecio que tiene hacia los derechos de todos, incluyendo los del propio Morales Bermúdez, que quiere acudir a la cita con la justicia.

Peor aun, se sigue insistiendo en no pagar las indemnizaciones en el caso Castro Castro y presentar este hecho como si fuera un logro del Estado peruano. Como lo señala el ex secretario ejecutivo de la CVR, Javier Ciurlizza:

"Naturalmente, hay un sentimiento comprensible por la magnitud de los crímenes de SL, pero ese es un tema político interno. En términos jurídicos, si la CIDH determinó que hubo violación de derechos humanos, el Estado está obligado a restituir esos derechos”.

¿Por qué el gobierno actúa de esta manera en estos casos? Mi hipótesis es que, al no tener oposición política, se siente bastante cómodo con no tener ningún tipo de controles. Al existir instituciones como el Poder Judicial – que citará a García como testigo en casos de derechos humanos durante este año -, el Tribunal Constitucional y las cortes internacionales que le dicen al gobierno que tiene que hacer cosas que no son de su agrado, el gobierno reacciona de mala manera, olvidando que el primer compromiso que adquirió no es con sus intereses, sino con el respeto al orden legal y a los derechos de todos los peruanos. Ha sido la tónica durante todo el periodo que Alan lleva en Palacio y que parece que no cambiara.

Como dice el dicho, Alan pasó por la Facultad de Derecho – en realidad, por dos -, pero parece que la Facultad de Derecho no pasó por él.

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