LA PRENSA Y EL PODER

El triste episodio vivido por los periodistas Marco Sifuentes y Marco Antonio Vásquez y las sorprendentes declaraciones de un evalentonado Carlos Arana Vivar por fin tuvieron la consecuencia lógica para quienes pensamos que la decencia y el respeto a los demás debe primar en un gobierno democrático: hace un par de horas, el gobierno ha "renunciado" a Arana.

Sin embargo, el "happy end" de este caso en particular no nos debe hacer perder de vista una reflexión que se hace necesaria a raíz de los acontecimientos de las últimas semanas, vinculados con denuncias que la prensa ha hecho sobre nombramientos cuestionados o irregularidades en las adquisiciones del Estado.

Los medios de comunicación no tienen como función respaldar una gestión de gobierno. Si en mérito de su línea editorial lo hacen, es su problema, sin embargo, con ello pierden credibilidad, perspectiva y confunden los objetivos políticos de las personas a las que patrocinan con su línea editorial. Es sintomático que dos de los diarios más cuestionados de los últimos años, Expreso y La Razón, sean los diarios que apoyen de manera genuflexa toda acción que anuncie el Presidente de la República o el gobierno.

Uno de los vehículos que tenemos los ciudadanos para controlar al poder son los medios de comunicación. A través de ellos podemos conocer no sólo las acciones de gobierno, sino también denunciar aquello que no funciona, con la finalidad de que mejore.

Sin embargo, las reacciones de todos los gobiernos - incluido el actual - ha sido procurar morigerar a la prensa, o venir con la cantaleta de que "los medios de comunicación deben comunicar lo positivo" o "deben servir al país", sinónimo, en realidad, de "muchachos, no hagan olas y no molesten al gobierno".

De no ser por reportajes de investigación bien elaborados, no habríamos podido conocer el caso Langberg y sus conexiones con el APRA (1982), el caso Villa Coca y las conexiones del narcotráfico con la Policía de Investigaciones (1985), las acciones del Grupo Colina (1992 - 1995), las cuentas de Vladimiro Montesinos y el espionaje telefónico (1997), el control de los medios de comunicación por parte del fujimorato en las conversaciones Crousillat-Borobio-Montesinos (1998), la falsificación de firmas de Perú 2000 (2001) y, ahora, las irregularidades en compras estatales y las ínfulas del sector más podrido del partido de gobierno (2007). En algunos casos, se procedió de la mejor manera; en otros, se soltó a los perros de presa y a funcionarios preocupados por adular a su jefe para defender lo indefendible.

Por ello es que la libertad de expresión es la base de la democracia, porque permite que el Estado pueda reconocer sus fallas y corregirlas, porque permite denunciar los atropellos y poner al descubierto a los delincuentes. Por eso es que los gobiernos autoritarios pretenden silenciar a los medios de comunicación o, incluso en gobiernos democráticos, sectores como los bufalines que secuestran o golpean periodistas pretenden prevalecer.

Entiéndanlo de una vez señores gobernantes, si quieren adulones, búsquenlos en otros lados, menos en el periodismo. Aunque claro, siempre habrá García Miró, Ben Schmuel o César Campos que sean los sobones profesionales del poder de turno.

Finalmente, y con ello procuro reparar una omisión que tuve en el artículo de ayer, expresar mi reconocimiento tanto a Marco Sifuentes como a Marco Antonio Vásquez. La manera en como defendieron su trabajo periodístico es elogiable y es un ejemplo para los demás colegas. El periodismo implica una pasión especial que ambos jóvenes han puesto en esta carrera y que quedó demostrada ayer. Creo que, con justa razón, se han ganado nuestro reconocimiento. Y desde esta pequeña azotea, los aliento a que sigan buscando, detrás de la verdad, lo que muchos no quieren que se sepa.

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