UN TRANSPORTE COLAPSADO

El día de hoy los limeños hemos tenido que pasar las de Caín para llegar a nuestros respectivos centros de labores, salvo que tengamos un auto particular o nos hayamos tenido que trepar en el estribo de las pocas unidades de transporte público.

El motivo: un paro acatado por la mayoría de transportistas urbanos, cuyo motivo principal es el no pago de papeletas, las que consideran como arbitrariamente impuestas, debido a los convenios entre la Policía Municipal y las municipalidades que les otorgan a estas últimas un porcentaje de lo recaudado por multas. Asimismo, reclaman para que no se les retenga el brevete cuando se cumplen determinado número de infracciones.

¡Aguanten el carro!

Creo que todos los que padecemos el transporte de nuestra ciudad sabemos que - salvo honrosas excepciones - buena parte de los choferes que manejan combis, coasters y omnibuses no respetan las señales de tránsito, hacen carreras para ganar pasajeros a toda costa y paran donde quieren (aunque en esto último, también tenemos responsabilidad los pasajeros por hacerlos parar en "paraderos" cada día más inverosímiles, "bajan rompemuelles" escuché hace 2 semanas). Y claro, cada una de estas conductas suponen una infracción al Reglamento de Tránsito, por ya no hablar de quienes manejan sin tener el brevete profesional requerido para operar una de estas unidades.

La ley debe ser igual para todos y los transportistas deberían entenderlo. Si quieren ganar más no es necesario que pongan en peligro la seguridad de las personas ni cometer infracciones. La lógica de una competencia salvaje donde lo tengo que cerrar al otro para ganar es una de esas herencias perniciosas de los años noventa, donde el libre mercado se entendió como una jungla sin regulación.

Así lo han entendido los transportistas, que se quejan de todo: quieren que el Estado subvencione la gasolina, que elimine el medio pasaje, que les elimine multas. Es decir, que se incumplan las normas para que ellos puedan ganar "alguito más". ¿No estamos perdiendo la dimensión de las responsabilidades y del deber en medio de la competencia?

Pero a lo que venía a la oficina, escuché en RPP a un chofer de una unidad de transporte urbano que denunciaba la forma en cómo las empresas de transporte operan para con sus choferes y cobradores. Según lo que denunció esta persona, para entrar a manejar una de las unidades de la empresa, el chofer y el cobrador deben pagar de su propio peculio 50 soles para seguir un curso de seguridad vial dado por la Municipalidad de Lima. Pasado este curso y obtenido un carnet, entran a trabajar, pero no bajo un contrato de trabajo, sino que hacen al chofer total y absolutamente responsable de lo que pase a la unidad, sin que la empresa se irrogue responsabilidad alguna, es decir, no hay vacaciones ni feriados ni beneficios sociales.

Un ambiente saludable de trabajo crea trabajadores satisfechos con su labor. Ello no ocurre en este sector laboral. Sin embargo, ello tampoco justifica que choferes y cobradores traten a los pasajeros como ganado y que, ante cualquier reclamo, nos respondan de la peor manera.

El tema de fondo, a mi modo de ver, es que nadie entiende que el transporte urbano es un servicio público.

Ya hemos visto de sobra como los choferes y las empresas no lo entienden de esa manera, pero el Estado, desde la década de los 90, ha contribuido a esta mala percepción.

Al amparo de las facultades delegadas por el Congreso, en 1991 el gobierno de Fujimori emitió una serie de normas en materia económica que desregularon una serie de mercados, con los excesos conocidos en perjuicio de la población y de los trabajadores.

Para este caso, nos importan dos normas, el Decreto Legislativo 640, sobre libertad de rutas de transporte y el Decreto Legislativo 651, sobre libre competencia en las tarifas de servicio público de transporte urbano.

El Decreto Legislativo 640 fue derogado por el Tribunal de Garantías Constitucionales - antecesor del actual Tribunal Constitucional - pues vulneraba la Constitución de 1979, que otorgaba a la regulación del transporte y del tránsito a los gobiernos locales y no al Parlamento. Pero, una vez dado el golpe de Estado de abril de 1992, Fujimori repuso el decreto de inmediato.

A ello se sumó el hecho de que el Estado no tuviera una política de incentivo a determinadas actividades y responsabilidad social durante esos años. ¿En qué sentido? En que muchos trabajadores públicos fueron invitados a "renunciar" a sus labores a cambio de un incentivo económico. Muchos de ellos apostaron por el transporte urbano como medio de subsistencia, sin que el Estado capacitara a los nuevos empresrios para el desarrollo de esta actividad y sin regular un mercado que, a la vez, es un servicio público.

El resultado de todo esto: el caos vehicular que vivimos hoy en día. Y hasta el día de hoy los alcaldes no recuperan estas facultades del todo, por lo que este desorden persiste hasta el momento.

Sin duda, he aquí un problema más complejo que la mala educación de los choferes a resolver y en el que el Estado debería tomar cartas. ¿Lo entenderá así la Ministra de Transportes y Comunicaciones?