CALLQUI: LA MUERTE DE 6 EVANGÉLICOS POR UNA PATRULLA MILITAR (1984)

“Felices los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos como hijos de Dios”
(Mateo 5, 9)


Dedicado a quienes dieron su vida a causa de sus creencias
Y para la persona que me hizo apreciar más y comprender mejor a mis hermanos evangélicos


En 1984, de acuerdo a lo reportado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación, se produjo el momento de mayor intensidad del conflicto armado interno que vivió el país en los últimos veinte años del siglo XX. El 19% del total de víctimas se registraron durante dicho año, en momentos en que las Fuerzas Armadas tenían a su cargo el control de la lucha antisubversiva, bajo la figura de los comandos políticos – militares, sin control estatal. Durante ese periodo, se aplicó una política de represión masiva e indiscriminada, en especial en los sectores rurales del departamento de Ayacucho. Fue la fase de militarización del conflicto.

En agosto de 1984 fueron registradas varias denuncias de violaciones a los derechos humanos. Una de ellas, que es la atención del presente artículo, es la muerte de seis evangélicos en la comunidad de Callqui, provincia de Huanta, departamento de Ayacucho.

El mantenimiento del orden y el combate a la subversión había sido encargado en Huanta a la Infantería de Marina. El Jefe del Destacamento era el capitán de corbeta Álvaro Artaza Adrianzén, conocido también como “comandante Camión”, tristemente célebre por conducir en el estadio de Huanta un centro clandestino de reclusión, donde se practicaba la tortura y la desaparición forzada de personas.

Bajo el mando de Artaza, se ordenó la realización del operativo “Caimán XIII”, para la identificación y captura de sospechosos de pertenecer a Sendero Luminoso en poblados cercanos a Huanta. A las vecinas comunidades de Callqui y Nisperoniyocc fue enviada una patrulla, a cargo del entonces teniente primero Luis Alberto Celis Checa.

El 1° de agosto de 1984, entre las 6 y 8 de la noche, se realizaba un culto en la Iglesia Evangélica Presbiteriana de Callqui. Se hallaban reunidas alrededor de treinta personas. La actividad religiosa fue súbitamente interrumpida por la incursión en el templo de miembros de la Marina. Ellos preguntaron por Concepción Chávez, una miembro de la Iglesia que no se encontraba en el templo. Posteriormente, escogieron a seis personas entre los presentes. Estas personas fueron llevadas a un patio colindante con el templo. Los miembros de la Marina, sin hacer preguntas, dispararon contra algunos y acuchillaron a otros. Finalmente, estallaron cargas explosivas sobre las víctimas.

Durante la incursión, los militares tenían un guía que fue identificado por los pobladores como Jesús Vilca Huincho. Esa noche, el guía tenía el rostro cubierto con pasamontañas y era quien atribuía o no la calidad de presunto subversivo a los pobladores.

Quienes murieron en aquella incursión fueron:
- Paulino Ccayo Ccoriñaupa, de 49 años de edad, era natural de la provincia de Huanta, Ayacucho, estado civil casado y se dedicaba a la albañilería.
- Jorge de la Cruz Quispe de 16 años de edad, natural de la provincia de Huanta, Ayacucho, soltero, de ocupación estudiante.
- Melquiades Quispe Rojas de 21 años de edad, natural de la provincia de Huanta, Ayacucho, soltero y se dedicaba a la agricultura.
- José Yañez Huincho de 18 años de edad, natural de la provincia de Huanta, soltero, de ocupación estudiante.
- Constantino Yañez Huincho, de 24 años de edad, natural de la provincia de Huanta, Ayacucho, soltero.
- Wenceslao Huamanyalli Oré de 17 años de edad, natural de Huanta, Ayacucho, soltero y se dedicaba a la agricultura.


Los hechos fueron denunciados inmediatamente por miembros de la comunidad evangélica. A raíz de la denuncia, un juzgado de Huamanga abrió proceso judicial en contra de Álvaro Artaza, el guía Jesús Vilca y otros miembros de la Marina.

Sin embargo, la Primera Sala Penal de la Corte Suprema, ante una contienda de competencia interpuesta por la Marina, resolvió que el fuero militar era el competente para procesar este caso. Esta práctica era reñida con el esclarecimiento de la verdad y la protección de los derechos humanos, pero fue la nota común que la administración de justicia imprimió durante los años del conflicto.

A pesar de ello, fue en el fuero militar donde se determinó que Luis Alberto Celis había comandado la patrulla que incursionó en la comunidad de Callqui. Celis señaló ante los jueces militares que en la Iglesia se realizaba una reunión de senderistas y que las muertes producidas se debieron a un enfrentamiento con subversivos a las afueras del pueblo. Las informaciones hechas por Celis no fueron comprobadas y han sido desmentidas por el Informe Final de la CVR: las heridas punzo – cortantes que se encontraron en los cuerpos de cuatro de los fallecidos solo pudieron ser causadas por contacto directo; y en el patio de la Iglesia se encontraron casquillos de bala. Sin embargo, durante la investigación no se pudo comprobar si las heridas pertenecían o no al arma utilizada por los miembros de la Marina porque se extravió los resultados de los exámenes correspondientes.

El caso, finalmente, fue sobreseído por el tribunal militar. La impunidad se abrió paso. Álvaro Artaza desapareció misteriosamente en 1986, aunque habría sido visto con vida en 2003. Luis Alberto Celis llegó a ser jefe de las Fuerzas de Operaciones Especiales de la Marina y, por supuesto, continuó en su institución luego de los hechos producidos hace 21 años.

En los sucesos descritos se violaron principalmente el derecho a la vida y a la integridad personal de los pobladores de Callqui y Nisperosniyocc, así como el derecho al debido proceso que incluye, entre otros aspectos, el derecho a un juez natural, imparcial e independiente, derechos reconocidos en los instrumentos internacionales de los que el Perú es parte obligada.

Este luctuoso hecho, a pesar de lo mencionado, sirvió para que un sector de la comunidad evangélica peruana tomara conciencia que el conflicto armado interno no era ajeno a sus vidas y menos aún a su vida de fe. Así, el Concilio Nacional Evangélico (CONEP) creó Paz y Esperanza como un departamento encargado de velar por los derechos humanos. Paz y Esperanza, poco a poco comenzó a ser vista como la “sección de derechos humanos” de las iglesias evangélicas y poco a poco fue logrando legitimidad en la comunidad. Asimismo, comenzó a realizar trabajos junto a la Iglesia Católica y a los otros organismos defensores de los derechos humanos. Sin embargo, presiones internas dentro del CONEP hicieron que en 1996 se cerrara este departamento y sus impulsores formaron la Asociación Ministerio Diaconal Paz y Esperanza, la cual trabaja hasta el día de hoy en temas de lucha contra la pobreza, educación sexual y defensa de los derechos humanos. Si bien existieron sectores sensibilizados con lo que ocurría en aquellos años de violencia, existieron sectores en la comunidad evangélica – especialmente en las grandes ciudades – que prestaron poca atención al problema. Lo mismo ocurrió en la Iglesia Católica, pero en los departamentos más azotados por la violencia.

La CVR recomendó la acusación contra Álvaro Artaza, Luis Alberto Celis, el jefe de la Base Huanta Augusto García del Barco y el guía Jesús Vilca Huincho, así como a quienes participaron directamente en el operativo. Esperamos que este caso, al igual que todos aquellos que se desprenden de lo señalado por el Informe Final y las investigaciones periodísticas anteriores y posteriores puedan ser finalmente esclarecidos y los culpables sancionados. Para reconciliarnos con las víctimas, sus familias y su comunidad de fe. Para limpiar las Fuerzas Armadas de aquellos elementos que violaron los derechos humanos y que no pueden estar al lado de los héroes militares que dieron su vida contra la subversión.

Y sobre todo, para que no se repita.