LOS GOBIERNOS Y EL CONFLICTO ARMADO INTERNO EN EL PERU (1): FERNANDO BELAUNDE TERRY

Entre la confusión y la abdicación de la autoridad democrática



Desde pequeño, admiré la figura patriarcal de Fernando Belaúnde Terry. Belaúnde, en momentos en que comenzaba a tener uso de razón, ya no era Presidente de la República y mantenía, a pesar de las discrepancias públicas con Alan García, la mesura en la crítica, el respeto a la investidura presidencial, el compromiso que tuvo con el Perú. Fue el mismo compromiso que vería, años más tarde, cuando en las postrimerías de su vida, combatió a la dictadura de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos.

Por supuesto que, años después, el juicio sobre Belaúnde sería menos idílico. Revisaría los estudios – pocos, lamentablemente, hasta el momento – que se hicieron sobre sus dos periodos presidenciales, donde los errores fueron muchos; también consideraría un pasivo en su conducta el caudillismo exacerbado con que condujo a Acción Popular, lo que le impidió ser a dicho grupo político algo más cercano a un partido y no a un movimiento en torno a una persona. Y luego de leer el Informe Final de la CVR, la crítica sobre su segundo periodo de gobierno es mucho más severa que hace unos años. No ha sido la intención de los comisionados dejar atrás la imagen de demócrata que tan justamente se ganara el arquitecto, pero creo que coloca en su exacta dimensión la serie de errores que permitieron el crecimiento del conflicto armado interno.

1980. Luego de 12 años de “Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas”, la democracia volvía al país. El 18 de Mayo de ese año, Fernando Belaúnde, el hombre a quien los militares habían derrocado en 1968, ganaba las elecciones presidenciales. Ese mismo día, Sendero Luminoso, con la quema de ánforas en el poblado ayacuchano de Chuschi, iniciaba su guerra contra la sociedad peruana.

Dicha transición democrática tuvo que enfrentar una serie de retos y de debilidades.
1. El nuevo gobierno heredaba un aparato estatal burocrático bastante grande, incrementado en los años de gobierno militar por su lógica de control de la actividad económica y las relaciones sociales desde el Estado.
2. El paso de los años sin libertades democráticas y los acelerados cambios sociales habían dejado a los partidos políticos con un déficit de actualización y representatividad. Acción Popular, el partido ganador de las elecciones, no había participado en la Asamblea Constituyente de 1978 por cálculo estratégico y, en realidad, nunca – hasta el recambio generacional tardío en el liderazgo que pasó a Valentín Paniagua – dejó de ser un grupo aglutinado en torno a la figura de Belaúnde.
3. Ni la Constitución de 1979 ni la praxis dejó bien establecidas las relaciones entre civiles y militares. Durante un año se mantuvieron los Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas heredados de la dictadura militar. Nunca se trató de establecer mecanismos de control civil sobre los sistemas de inteligencia o de defensa nacional. Asimismo, no se contempló la creación de un Ministerio de Defensa que unificara la política de este sector, en vez de tener 3 Ministerios que correspondían a cada uno de los 3 institutos castrenses, que servían como mecanismos de presión ante el gobierno.
4. Un clima de protestas sociales, traducido en un alto número de huelgas.
Fue en ese contexto que Sendero Luminoso inició sus acciones armadas.

Frente al fenómeno, inexplicable para la mayoría de personas, se tejieron una serie de hipótesis de explicación. Se pensó, en un inicio, que el accionar de SL respondía a un complot internacional del comunismo. Recordemos que era la época de la Guerra Fría, que nos encontrábamos en el área de influencia norteamericana y que ya habíamos tenido en 1965 una experiencia de guerrillas inspiradas en la Revolución Cubana. Sin embargo, dicha hipótesis no pudo ser comprobada con pruebas fehaciente, más aún si se sabe que luego de la apertura china al capital a finales de los 70’s, SL se convirtió en un movimiento aislado de la dinámica internacional del comunismo. Otra hipótesis que se intentó esgrimir es una conexión entre las movilizaciones sociales y el terrorismo. Tampoco se aportaron pruebas de la veracidad de dicha postura. El gobierno, en realidad, estaba sorprendido frente a la amenaza que tenía enfrente.

Una vez que fueron descartadas dichas hipótesis, se plantearon dos posturas sobre la forma de combatir al terrorismo: una tesis, esgrimida fundamentalmente por el Ministro del Interior José María de la Jara, sostenía que al terrorismo debía combatir solo con el trabajo policial, sin participación de las Fuerzas Armadas. Ello estaba en consonancia con los recelos que despertaban las instituciones castrenses luego de una prolongada dictadura. Una posición más dura sí contaba con que las Fuerzas Armadas fueran los actores principales en el combate a la subversión. Poco a poco, las tesis más duras fueron ganando fuerza, decretándose en 1981 los primeros estado de emergencia. En 1982 el punto de inflexión sería el ingreso de las Fuerzas Armadas a Ayacucho, con el control de las zonas de emergencia en sus manos. Dicha transferencia se hizo sin que la autoridad civil estableciera que el control político de la zona quedaba a su cargo, ello permitió que los jefes miliares creyeran tener “carta blanca” para actuar, por lo que los años 1983 y 1984 fueron los años donde la llamada “guerra sucia”, es decir, las violaciones a los DDHH practicadas por agentes del orden, llegara a su esplendor, por lo que ese periodo fue el de mayor número de víctimas en todo el conflicto. La acción policial solo fue vista como un complemento de la militar. Esto, a juicio de la CVR, fue un grave error.

El control de las zonas de emergencia se hizo a través de los llamados “comandos políticos – militares”. Se les dio un desmesurado poder y no existió una estrategia de control civil sobre las acciones militares, ni tampoco sobre las zonas que habían sido declaradas en emergencia. Si bien se asestaron golpes a SL, en la práctica, los “comandos políticos – militares” son responsables directos de acciones violatorias de los derechos humanos en contra de la población civil. Los jefes del Comando Político Militar de Ayacucho, el más importante, presentaban, según sus versiones, informes periódicos al gobierno sobre la situación de la zona. Otras versiones desmienten estas afirmaciones. En general, el gobierno hizo caso sordo a las protestas de parlamentarios de oposición y periodistas de investigación, que registraban las violaciones cometidas en contra de la población civil y demandaban una menor militarización del conflicto.

Si bien durante el gobierno de Fernando Belaúnde se realizaron dos procesos de elección de alcaldes y regidores y se respetó la libertad de expresión, hubo retrocesos importantes en la situación de democracia del país. Al decretarse los estados de emergencia, algunos derechos constitucionales quedan suspendidos. Esta media, que debiera ser excepcional, se fue transformando en permanente. Con ello, los derechos fundamentales de las personas quedaban en una situación clara de desprotección. Asimismo, las violaciones a los derechos humanos cometidas por oficiales de las Fuerzas Armadas no pudieron ser procesadas en el fuero común. Es más, altos dirigentes militares intentaron acusar a los medios de comunicación como “cómplices del terrorismo” y no faltó quien justificara muertes y masacres. Célebre es el episodio de un informe de Amnistía Internacional, organización que vela por el respeto de los derechos humanos, que, en palabras del Presidente Belaúnde “fue a dar al tacho de la basura”. En el Congreso no hubo comisiones investigadoras sobre estos temas.

En general, la clase política de aquel entonces no priorizó la lucha contra el terrorismo. El debate de aquellos años se centró en lo económico y las miras estaban puestas en las elecciones de 1985. La responsabilidad política del arquitecto Fernando Belaúnde y de la clase política que lo rodeaba se dio por la omisión de cumplir con el mandato constitucional de respetar los derechos de las personas.